El inicio de las operaciones de la Empresa Martínez S.R.L. (38 Bus) como concesionaria del transporte urbano de pasajeros en Cosquín trajo alivio a los vecinos, pero también expuso una realidad que duele. En un reciente video institucional que circula en redes, se celebra la incorporación de una unidad con rampa, mientras el personal se refiere repetidas veces a los usuarios como "discapacitados".
Este hecho, lejos de ser un simple error de vocabulario, es la punta del iceberg de una deuda histórica: la verdadera accesibilidad en el transporte público del interior del país.
El peso de las palabras: Personas ante todo 🗣️
El lenguaje crea realidades. Hablar de "discapacitados" es un término que atrasa décadas y que fue superado por el Modelo Social de la Discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (con jerarquía constitucional en Argentina). El término correcto es Personas con Discapacidad.
No es un capricho semántico. Decir "persona" primero pone el foco en el sujeto de derecho, no en su diagnóstico ni en las barreras que el entorno le impone. Que el personal que brinda un servicio público esencial en la cabecera del departamento Punilla no cuente con esta capacitación básica demuestra que la inversión municipal (que supera los 16 millones de pesos mensuales) debe incluir, urgentemente, formación en trato digno.
Ley 24.314: Una promesa de 1994 que sigue esperando 📜
El colectivo de Personas con Discapacidad no está pidiendo un favor, está exigiendo el cumplimiento de la ley. La Ley Nacional 24.314, sancionada hace 30 años (en 1994), modificó normativas anteriores para establecer la prioridad absoluta de eliminar barreras físicas en los ámbitos urbanos y en el transporte. Esto permite que una persona en silla de ruedas, una madre con un cochecito o un adulto mayor suban con total autonomía y rapidez.
En el interior del país, sin embargo, nos conformamos con el colectivo de motor delantero al que se le adapta un elevador hidráulico. ¿La excusa de siempre? Que el piso bajo no resiste las calles de tierra o el mal estado de nuestras carpetas asfálticas.
Pero los números en el mercado de unidades usadas demuestran que no es una utopía inalcanzable. El valor de mercado de un colectivo urbano usado de piso bajo oscila entre los 16 y 25 millones de pesos, valores completamente similares a los de un colectivo tradicional de motor delantero de la misma antigüedad. La decisión de no traer unidades verdaderamente accesibles es, en gran medida, política y de infraestructura vial, no puramente del costo de la unidad.
Elevadores que se rompen y autonomía que se pierde ♿
Quienes usan a diario el transporte público en el interior saben lo que pasa con los colectivos de piso alto adaptados: los elevadores hidráulicos requieren un mantenimiento costoso y constante. Con el polvo y la falta de uso diario, los mecanismos se traban. Cuando la persona con discapacidad quiere subir, el chofer debe bajar, accionar el mecanismo manual, generar demoras en el tránsito y exponer a la persona a una situación estigmatizante frente al resto del pasaje.
La rampa simple del piso bajo otorga algo que el elevador arrebata: autonomía.
Construyendo un transporte para todos 🛠️
El gobierno nacional actual ha demostrado un alarmante desinterés por sostener las políticas de inclusión, lo que hace que la responsabilidad recaiga aún más fuerte en los municipios.
La Municipalidad de Cosquín tiene ahora la oportunidad histórica de marcar la diferencia. Se necesita exigir que el pliego de transporte incluya unidades de piso bajo adaptado para los recorridos troncales pavimentados, y fundamentalmente, imponer un esquema de capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad para todo el personal de la empresa 38 Bus.
Festejamos que haya transporte urbano de nuevo, sí. Pero no nos pidan que aplaudamos las migajas cuando la ley nos garantiza el banquete completo.
