Alejandro Vilches presentó su renuncia indeclinable al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad. Aduciendo “razones estrictamente personales”, su intempestiva salida deja acéfala un área crítica en uno de los momentos más delicados para el sector.
La dimisión, formalizada mediante una carta al ministro Mario Lugones, ocurre a pocos días de que el Ejecutivo enviara al Congreso el Presupuesto 2027. Esta iniciativa incluye modificaciones que las organizaciones denuncian como un brutal ajuste a las prestaciones básicas.
⚠️ El Impacto en Punilla y el Colectivo Nacional
Para las personas con discapacidad en el Valle de Punilla y el resto del país, estas medidas propuestas encienden todas las alarmas. El proyecto busca desregular drásticamente el sistema de salud, terapias y transporte, eliminando el vital arancel único.
A esto se suma un gravísimo retroceso en materia de pensiones, planteando volver a un esquema de “pensión por invalidez laboral” incompatible con el empleo formal. Esto significa regresar a normativas de hace más de 30 años, desconociendo por completo la Convención de la ONU.
🤷♂️ Incertidumbre y el Vacío de Conducción
Mientras la silla principal de la Secretaría permanece vacía, crece a diario el desconcierto de las familias y prestadores. El área se encuentra totalmente paralizada en pleno debate legislativo, sin un rumbo claro ni interlocutores válidos que brinden respuestas oficiales.
Esta evidente falta de liderazgo se da en un contexto de fuertes tensiones internas dentro del propio oficialismo. Varios funcionarios exigieron mayor coordinación ante el escándalo, obligando al Gobierno a prometer un “proyecto superador” que igual mantendría la línea de los recortes.
🤝 Nada sobre Nosotros sin Nosotros
Ante este complejo panorama, la pregunta sobre quién tomará las riendas del área se vuelve una preocupación central. El histórico lema del colectivo es innegociable: este espacio debería ser ocupado por una Persona con Discapacidad que conozca y viva las barreras en primera persona.
Aunque la coyuntura política actual hace suponer un nombramiento puramente técnico, la exigencia comunitaria sigue firme e intacta. Se espera que quien asuma gestione con verdadera empatía, priorizando en todo momento la defensa irrenunciable de los derechos adquiridos.
